Según elmundo.es:
Tres de los seis magistrados que han dictado la sentencia sobre Acción Nacionalista Vasca (ANV) han exigido a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que hiciera público un auto de aclaración de la resolución para suprimir un párrafo en el que se decía que la ilegalización de ese partido habría sido "desproporcionada".
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Pues no, no es cierto que el párrafo suprimido dijese que la ilegalización del partido habría sido desproporcionada.
El párrafo afectado dice lo siguiente (en azul las líneas borradas):
Han entendido el Ministerio Público y el Abogado del Estado, en efecto, que los partidos disueltos pretendían concurrir a las próximas elecciones sirviéndose del instrumento de un partido ya inscrito, aunque relativamente inactivo en los últimos años y ahora reactivado, precisamente, con ese fin defraudatorio. La disolución y hasta la suspensión de dicho partido en razón de esa sola circunstancia hubiera planteado quizás el problema de si cabría entenderla manifiestamente desproporcionada, aun cuando no pueda descartarse que, en unión de otras, pudiera llevar en su momento a esa última consecuencia. En cualquier caso, es evidente que el hecho de que esa solución radical se estimase hoy impracticable por quienes pudieran instarla o decidirla, no implica que no fuera obligado arbitrar otras, toda vez que la actividad defraudatoria intentada habría producido, de perfeccionarse, consecuencias de muy difícil reparación, pues la eventual disolución posterior del partido ahora legal no afectaría al mandato representativo de aquellos de sus candidatos que resultaran elegidos. Subrayado mío. Compárese la sentencia "original" (elmundo.es), con la sentencia "corregida" (tribunalconstitucional.es).
Es obvio que el inciso "manifiestamente desproporcionada" se plantea como hipótesis para, a continuación, descartarla. El Tribunal viene a decir: en otras circunstancias, es posible que hubiésemos tenido que abordar "quizás el problema de si cabría entenderla manifiestamente desproporcionada". Pero no han tenido que enfrentarse a ese problema. Eso es lo que dice este párrafo.
El inciso que verdaderamente echa un cable al Gobierno es otro, que está tres párrafos más abajo (también en el FJ 6) y también habla de la desproporción de ilegalizar a ANV:
La circunstancia de que buena parte de las candidaturas presentadas por el partido recurrente responden al designio de una maniobra defraudatoria ha quedado acreditada con la identificación de una trama conformada por un conjunto de candidaturas articuladas alrededor de una dirección separada de la oficial de aquel partido, a la que sólo cabe imputar las listas que, también presentadas en su nombre, no presentan indicios de conexión material con aquélla. No habiéndose alcanzado el punto en que la trama defraudatoria se confunda con la dirección formal del partido, la disolución de éste pudiera haber resultado desproporcionada, pero la indemnidad de las candidaturas que se han demostrado utilizadas al servicio de un fraude de la legalidad supondría una inaceptable infracción de la obligación de asegurar que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político (art. 12.2 LOPP). En este caso, declarando la improcedencia de la continuidad de los partidos disueltos mediante el abuso de la personalidad jurídica de un partido distinto para la incorporación en las instituciones representativas de quienes quieren perpetuar en ellas la actividad de un partido ilegal.
El inciso que subrayo es lo que se llama un dictum, una frase que añade el Tribunal pero que no forma parte de su razonamiento para alcanzar el fallo. Por eso, jurídicamente no tiene mayor importancia; no es el fundamento de la decisión, no es la ratio decidendi.
Pero políticamente es indudable que este inciso, al igual que las palabras del Rey, respalda de un modo claro la política del Gobierno.
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